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La policía denuncia los rasgos de un "narco-Estado" en Holanda por el aumento crimen organizado

Redacción TO

Holanda cumple "muchas características de un narco-Estado", ha dicho la Asociación de Policía Holandesa (NPB) en un informe enviado al Parlamento para denunciar la falta de personal y de recursos que impiden lidiar con cuatro de cada cinco casos relacionados con las drogas o la prostitución forzada.

El informe, basado en entrevistas con 400 policías de investigación, advierte de que los agentes afrontan "demasiados problemas" para hacer su trabajo, a pesar de que hace dos años se dio la voz de alarma sobre el auge de una economía ilegal. El sindicato policial concluye que esta sobrecarga de trabajo no permite a los policías investigar un número importante de delitos en diferentes puntos del país.

El ministro holandés de Justicia, Ferdinand Grapperhaus, se ha mostrado en desacuerdo con ese informe y ha negado ante el Parlamento que Holanda sea "un narco-Estado". Según el ministro, existe una "lucha exitosa contra el crimen organizado y el narcotráfico" en el país, aunque reconoció que "aún quedan" cosas que resolver en la lucha contra la delincuencia pero rechazó la petición del sindicato policial de contratar 2.000 nuevos agentes porque lo consideró "un número muy alto".

Según cifras oficiales, tres millones y medio de delitos quedan sin investigar por falta de medios cada año en Holanda. Los policías están principalmente ocupados con robos, asesinatos y delitos violentos.

Los delincuentes, advierte el informe, han aprovechado esta situación para "convertirse en empresarios ricos con intereses en la industria hotelera y el mercado de la vivienda". En opinión de los expertos, estos están transfromando a Holanda en un "narco-Estado", donde el tráfico de drogas prospera y la mayoría de los grupos delictivos "campan a sus anchas".

La NPB, que alerta de que el abuso sexual es un "problema social subestimado", ha advertido de la sobrecarga que también supone la trata de personas, la pornografía infantil y la distribución de vídeos pornográficos no autorizados.

"Los policías se sienten defraudados y los ciudadanos son las víctimas. La policía nacional sigue siendo cualquier cosa menos una máquina bien engrasada", concluye el informe.