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La Audiencia Nacional ordena investigar los restos de la víctima del Yak-42 enterrados en Turquía

Redacción TO

La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se investiguen los restos de una víctima del accidente del Yak-42 enterrados en un cementerio de Turquía. El 28 de mayo el Gobierno turco comunicó a España que una extremidad inferior hallada en el cementerio de la ciudad de Maçka pertenecía a uno de los 75 fallecidos en el accidente del Yak-42 del 26 de mayo de 2003 -entre ellos 62 militares españoles-, del que el Ministerio de Defensa reconoció hace un año la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Así lo ha acordado en una providencia la sección primera de lo Penal, que juzgó estos hechos, a instancias de la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Defensa, y a petición de uno de los padres de los militares fallecidos.

"Se trata de averiguar si existen aún en Turquía restos de una de las personas fallecidas en relación con estos hechos, identificarlos y posteriormente trasladarlos a España", indica la providencia a la que ha tenido acceso la agencia Efe. El tribunal señala que se trata de "hechos nuevos" conocidos tras la instrucción y por ello pide al Juzgado Central de Instrucción número de la Audiencia Nacional, que investigó estos hechos, que abra una nueva pieza para llevar a cabo "una instrucción suplementaria".

Sin embargo, la juez Carmen Lamela ha emitido un auto en el que explica que no cabe la apertura de esa instrucción suplementaria al estar ya juzgada la causa y considera que lo que procede es abrir una pieza separada para poder remitir a Turquía una comisión rogatoria y obtener los datos e información de los que dispongan las autoridades de ese país.

Con esta iniciativa, la Audiencia Nacional pretende abrir un proceso para la repatriación de esos restos en ejecución de la sentencia, una vez se haya verificado que corresponde a los de una víctima del Yak-42.

Para iniciar ese procedimiento, Lamela ha pedido ya a la Abogacía del Estado, entre otros datos, información de las personas fallecidas cuyos restos puedan permanecer aún en Turquía y que concrete la autoridad judicial turca que conoció de estos hechos cuando se produjo el siniestro.