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El Gobierno aprueba ampliar el plazo de prescripción de delitos sexuales a menores hasta los 30 años

Redacción TO

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que amplía el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores hasta que la víctima cumpla 30 años. En 2017 más de 2.500 personas fueron condenadas por delitos sexuales.

La norma, que modifica 11 leyes, incorpora una definición amplia de violencia que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos, los castigos físicos o el trato negligente y pretende convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección.

El texto aprobado a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Justicia e Interior, incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de internet incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.

El anteproyecto de Ley establece reformas legales, como la del Código Penal para ampliar el plazo de prescripciones de los delitos sexuales contra los menores -actualmente es a partir de los 18 años-, porque en la mayoría de los casos que llegan a denunciarse, las víctimas lo hacen en torno a los 35 años.

Las propuestas remitidas por organizaciones de defensa de la infancia, como Save the Children, piden que en ese plazo comience a contar a partir de los 50 años, para evitar que se archiven los casos, ya que muchas de las denuncias se presentan cuando la víctima es adulta.

Creación de juzgados especializados

La ley establece la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de que un menor esté sufriendo violencia a comunicarlo, garantizando la confidencialidad y el anonimato.

El anteproyecto, que ha contado con las aportaciones de expertos del ámbito judicial, educativo, sanitario, del Tercer Sector e incluso de representantes de los niños, prevé la creación de juzgados de instrucción especializados en delitos contra la infancia y la adolescencia.

También contempla reducir el número de declaraciones que deben hacer las víctimas, grabando su primer testimonio para que sea presentado como prueba y evitar que el menor tenga que repetir los hechos hasta cuatro veces y en ocasiones delante de su agresor.

Además, contempla protocolos de prevención y atención que deberán tener todos los colegios y la figura de una persona de referencia o responsable de protección cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas.

El anteproyecto incluye la formación en estos delitos de profesores, policía, jueces y fiscales y que los funcionarios de los servicios públicos tendrán consideración de autoridad pública.

Respecto a la patria potestad, restringe la patria potestad, tutela, guarda o adopción en aquellos casos en los que el padre esté siendo investigado o haya sido condenado por violencia machista.