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Manteros, una vida marcada por la huida

"No hemos caído del cielo: hemos venido de un país, tenemos familia y llevamos viviendo aquí muchos años". Quien así habla es Lamine Sar, mantero senegalés residente desde hace 10 años en Barcelona. Como otros muchos ciudadanos subsaharianos que huyen de la pobreza o las guerras, Lamine llegó a España con la intención de labrarse aquí una vida mejor.

¿Quiénes son los manteros? ¿En qué circunstancias se encuentran las personas que se han visto abocadas a hacer de esta actividad perseguida su modo de vida?

Lamine Sar participa en el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. En conversación telefónica con The Objective, lamenta que la mayoría de la gente desconozca la situación de los manteros. “No saben quién es esa persona que ven en la calle vigilando su cuerda y su manta, mirando a un lado y a otro por si viene la policía; no saben si es un médico, un mecánico o un profesor que aquí no tiene la posibilidad de ejercer su oficio”.

"No hemos caído del cielo: hemos venido de un país, tenemos familia y llevamos viviendo aquí muchos años" - Lamine Sar

A Lamine le gustaría que esta percepción cambiase y que la gente que pasea junto a los vendedores ambulantes dejara de mirarlos como “personas con la mente vacía y las manos vacías” para pasar a verlos “como un vecino, como a cualquier otro vecino”.

El principal problema de los manteros es su situación de irregularidad en España, muchos pendientes de obtener los papeles que les permitan trabajar legalmente.

Qué dice la ley de extranjería

“Ante la imposibilidad de obtener un contrato de trabajo, muchas personas inmigrantes han de buscarse la vida vendiendo en las calles”, denuncia Tras la manta, red de apoyo contra la criminalización y la violencia racista y clasista hacia vendedores ambulantes en Barcelona, como ellos mismos se definen en su web. “A la situación de falta de empleo en general se suma, en el caso de la población migrante, el estatus de irregularidad administrativa o de ‘sin papeles’ a causa de la ley de extranjería”, explica.

Miembros del sindicato barcelonés de manteros | Foto: Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona

Lamine Sar, del sindicato de manteros, identifica la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social como la principal causa de que muchas personas migrantes se dediquen a la venta ambulante. Comenta que “una persona que se dedica al top manta lo hace porque la ley de extranjería la obliga a ello”, pese a que uno “llegue a España con ganas de trabajar y de integrarse en la sociedad”. Si no existiera esta ley, “se dedicarían a su propio oficio”, explica el senegalés, que recalca que ellos no se dedicaban a vender en Senegal, sino que han empezado a hacerlo aquí.

“Para trabajar legalmente y residir en España hay que seguir un procedimiento que exige la obtención de un visado en origen”, según la ley; es decir, “el sistema está pensado para que el inmigrante venga con trabajo”, explica Carmen Pérez González, doctora en Derecho y especializada en la legislación penal internacional consultada por The Objective. “Todas las personas que han entrado y trabajan en España al margen de este sistema lo hacen ilegalmente, sin la autorización del Estado para hacerlo”.

“El problema es que cuando un inmigrante accede a España y trabaja sin papeles, es muy complicado regularizar su situación sin que regrese a su país de origen y repita todos los trámites”, cuenta Carmen, que considera que “cuanto más rígido es el sistema y menos oportunidades les da a las personas de regularizar su situación, más los aboca a la marginalidad”.

"Cuanto más rígido es el sistema más aboca a los inmigrantes a la marginalidad" - Carmen Pérez

Existen dos maneras de regularizar la situación de estas personas —aunque “no es fácil”.  Por un lado, que el Gobierno decida hacer una regulación extraordinaria “si detecta que hay un número importante de personas que trabajan en situación irregular”, y, por otro lado, a través del arraigo social. En este último caso, los requisitos incluyen, entre otros, haber residido en España de forma continuada durante al menos tres años, tener vínculos familiares con residentes o, en su defecto, presentar un informe emitido por la Comunidad Autónoma de residencia que acredite su integración social, contar con un contrato de trabajo firmado y carecer de antecedentes penales.

En este sentido, Tras la manta critica que “cuando un mantero es condenado por vender, esto cierra de facto cualquier posibilidad de regularización futura debido al tema de los antecedentes penales”. “Esto es lo que llamamos criminalización de la pobreza”, afirma en su Manifiesto por la despenalización de la venta ambulante.

“Si repudiamos el muro de Trump no podemos permitir que existan muros visibles e invisibles que impiden que muchos de nuestros vecinos y vecinas no dispongan de un estatus jurídico que les permita acceder, no solo a derechos básicos como la salud o la educación, sino simplemente a vivir”, denuncia esta red antirracista.

Situación del top manta ante la ley

En los últimos años, el encaje legal de la venta ambulante ha cambiado. En 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se suavizó la regulación al respecto, tras diversas movilizaciones de manteros que se produjeron en todo el país; cinco años después, en 2015, las penas se endurecieron con Mariano Rajoy tras llegar a La Moncloa.

Foto: Ángel García/Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona

Lo explica a The Objective el Catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico. “En el año 2010 se rebajaron enormemente las sanciones para las conductas de los así llamados ‘manteros’”. Estas pasaron a consistir en “sanciones económicas y de trabajos en beneficio de la comunidad, eliminando la pena de cárcel”. En aquel momento, la dureza de la pena variaba en función de si el beneficio obtenido superaba los 400 euros. En caso negativo, “que es lo habitual en el caso de un mantero”, solo era considerado “falta” y castigado como tal.

Esta situación se mantuvo hasta 2015, momento en que las penas se reforzaron. Entró entonces en vigor la que, desde Tras la manta, definen como “una de las reformas más restrictivas y cuestionadas del Código Penal”.

“Desapareció la opción de pena leve para casos por debajo de 400 euros”, explica Jacobo Dopico. Desde 2015 se prevé pena de prisión de 6 meses a 2 años, “con una modalidad especialmente atenuada atendiendo a las características del culpable y la escasez del beneficio”, en cuyo caso la pena podrá ser de 1 a 6 meses o de trabajos en beneficio de la comunidad.

El catedrático recuerda que “un hurto de menos de 400 euros no se castiga con hasta 2 años de prisión”, y que “una estafa de menos de 400 euros tampoco”, por lo que considera “absurdo criminalizar unas infracciones de entidad menor como si fuesen criminalidad seria”.

Qué reclaman los manteros

El objetivo de los manteros es la despenalización de la venta ambulante. “Lo que hacemos los manteros no es ilegal”, asegura Lamine Sar, “porque no hemos elegido ser manteros: nos lo han impuesto”. “¿Cómo puede el sistema considerar a una persona ilegal para trabajar y al mismo tiempo considerar ilegal lo que está haciendo para sobrevivir?”, se pregunta desconcertado.

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Manifestación en Coruña en memoria de Mame Mbaye | Foto: Xose Abad/Twitter

Tras la manta defiende en su Manifiesto por la despenalización de la venta ambulante que “la venta al por menor de productos protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual no puede ser penalizada como delito y afectada por penas de multas y de privación de libertad”, ya que, en su opinión, se trata de medidas desproporcionadas, ilegales, inadecuadas, injustas y antidemocráticas.

Por un lado, consideran que la imposición de estas penas “no guarda proporción con la gravedad de los hechos”. Además, tachan estas sanciones de ilegales, “porque contradicen el principio de intervención mínima, esto es, el recurso al derecho penal como última ratio”.

El colectivo también cree que son improcedentes, al considerar que “la finalidad de prevención general asociada a estas penas no concurre” en el caso del top manta, “debido a la inexistencia de políticas que faciliten la integración laboral y social de las personas que desarrollan la venta ambulante”. “Así, cuando uno necesita sobrevivir y no tiene otra salida, ni siquiera la cárcel es una amenaza disuasoria”, afirma.

Por último, explica que estas medidas contradicen el ideal de democracia, puesto que “en ausencia de una política criminal coherente con nuestra Constitución, criminalizan la pobreza a través del Código Penal”.

En definitiva, Tras la manta defiende “el derecho a la movilidad de las personas que huyen de las guerras o del hambre, de la persecución por razones étnicas, religiosas, de identidad o práctica sexual”, así como los derechos de “quienes simplemente se desplazan, muchas veces con dolor pero siempre cargados de sueños y aspiraciones, en busca de una vida mejor”.

Las mafias: ¿mito o realidad?

Al pensar en los manteros, es habitual que se dé por hecho que detrás de ellos existe una mafia que los esclaviza y se lucra con su actividad. En cambio, en multitud de ocasiones los manteros han afirmado que no actúan controlados por mafias, algo que ratificó el informe Diagnosis social sobre el fenómeno de la venta ambulante en la ciudad de Barcelona, realizado en 2015 por el consistorio. "No se han detectado mafias detrás de este fenómeno sino redes de solidaridad de ayuda mutua", dijo entonces durante la presentación del mismo la segunda teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

Foto: Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid/Facebook

El miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Lamine Sar, explica que “todo el mundo sabe que trabajamos por nuestra cuenta”. Indica que “el top manta mueve muy poco dinero”, y que este no está controlado por ninguna mafia. Sar muestra su sorpresa: “Personas que roban millones de euros y cobran en caja B, y cuyos juicios duran años para que la gente se olvide, nos llaman mafia a nosotros, que tenemos diez o quince bolsos en una manta para venderlos en la calle”.

Aun así, el informe realizado por el Ayuntamiento de Barcelona sí refleja que muchos manteros recurrieron en su momento a redes de tráfico de personas para llegar a España y pagaron por ello un precio cercano a los 8.000 euros. Muchos denunciaron también la existencia de organizaciones que ofrecen de forma fraudulenta documentación o contratos laborales.

El activista de SOS Racismo Moha Gerehou criticó en un artículo para la publicación digital esracismo que el recurso a las mafias “es un axioma que se utiliza constantemente al hablar de la inmigración, especialmente cuando se trata de justificar políticas restrictivas o represivas contra la población migrante o racializada”. Para él, es “la excusa perfecta para recortar derechos y libertades siempre que de manera colateral elimine a las organizaciones criminales”. Gerehou reconoce que la presencia de mafias en el ámbito del cruce de fronteras es “innegable”, pero resalta que “ha quedado claro que empeorar las condiciones de acceso de las personas que migran redunda en un mayor refugio para las mafias” y se remite a los resultado del informe de 2015.

Top Manta: una marca de "ropa legal hecha por gente ilegal"

En julio de 2017, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona decidió organizarse y lanzó su propia línea comercial, Top Manta, para contar así con una alternativa a los productos de imitación y esquivar el delito de propiedad intelectual. Su intención es también “mejorar las condiciones de vida del colectivo de vendedores y vendedoras ambulantes” y ”buscar oportunidades de regularización de trabajo”, como ellos mismos explican en la campaña de crowdfunding que han creado en goteo para financiar su proyecto. "Nuestra ropa habla de nuestros valores", consideran los creadores de la marca Top Manta, por eso su idea es engendrar una marca justa, accesible y no contaminante.  Su lema es “ropa legal hecha por gente ilegal”, explica Lamine Sar, que confía en que “esto hará reflexionar a la gente acerca de cómo puede ser legal una ropa, e ilegal la persona que la hace”.

Son conscientes de que su logo es su carta de presentación. A simple vista sencillo, en realidad resume su historia. Representa al mismo tiempo tres elementos: la manta, como su modo de vida, el cayuco, como su medio de transporte, y las olas, como las adversidades a las que se enfrentan.

Manteros,

De fondo, el logo de la marca Top Manta. | Foto: Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona

Sin embargo, el 21 de marzo la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) rechazó la solicitud de los manteros de registrar la marca Top Manta por "carecer de capacidad para ser percibida por el público como una marca, sino como una forma de venta ambulante o de venta en la calle, principalmente de productos de imitación o falsificación, que suelen coincidir con el tipo de productos para los que se solicita".

La muerte de Mame Mbaye Ndiaye

El 15 de marzo falleció de un infarto el mantero senegalés Mame Mbaye Ndiaye en Lavapiés. Este suceso suscitó una fuerte polémica y desató fuertes protestas en el barrio madrileño, que fueron respaldadas en otros puntos del país como Barcelona, Coruña o León, en memoria del vendedor ambulante y en clave crítica contra la situación de los manteros ante la ley. “Sobrevivir no es delito”, fue una de las consignas más repetidas.

Pese a que el informe de la autopsia dictaminó que Mame Mbaye Ndiaye padecía un enfermedad congénita y que no había sido perseguido por la policía, ha cobrado fuerza la expresión “racismo institucional”. La activista de SOS Racismo Madrid Paula Guerra define este concepto explicando que “además de un racismo social, existe un racismo estructural e institucional que tiene que ver con una serie de organizaciones, instituciones, prácticas y leyes que condenan a las personas migrantes y/o racializadas a la exclusión y a la marginalización” y cita como ejemplo la ley de extranjería.

La activista asegura a The Objective que el "racismo institucional" está detrás del fallecimiento de Mbaye porque este, según cuenta, llevaba 13 años en España sin poder obtener papeles. “La ley de Extranjería lo condenó a la manta”, dice Paula, “y esto lo condenó a sufrir el acoso constante de la policía”. “Un país que obliga a una persona a estar 13 años en la marginalidad tiene que revisar las leyes inhumanas que lo provocan”, concluye.

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