Manuel Arias Maldonado

Amarga lección

"Lo que ha hecho Johnson se parece más, de hecho, al cierre del parlamento catalán tras las últimas elecciones autonómicas: cabe dentro de las leyes, pero solo a fuerza de retorcerlas"

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Amarga lección
Foto: Erin Schaff
Manuel Arias Maldonado

Manuel Arias Maldonado

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y colaborador habitual en prensa y medios culturales.

La maniobra política de Boris Johnson, solicitando la suspensión de la actividad parlamentaria en la Cámara de los Comunes durante cinco semanas decisivas en el marco del tortuoso proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, es la más llamativa expresión de una cierta tendencia en las democracias occidentales. Contra lo que pudiera parecer inicialmente, se trata de un mecanismo constitucional ordinario que obliga a la Reina -que no gobierna- a realizar un acto debido; huelga añadir que el problema reside en las circunstancias extraordinarias en que se ha pedido su aplicación. El paralelismo con las funestas jornadas del 6 y el 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña es así inexacto: las leyes aprobadas aquel día en Barcelona vulneraban de manera flagrante los órdenes estatutario y constitucional. Lo que ha hecho Johnson se parece más, de hecho, al cierre del parlamento catalán tras las últimas elecciones autonómicas: cabe dentro de las leyes, pero solo a fuerza de retorcerlas. Y ésa es, justamente, la tendencia a la que acabo de referirme: cada vez son más los actores políticos de nuestras democracias que recurren al uso torticero de los procedimientos, aprovechando las garantías del constitucionalismo liberal en beneficio exclusivo de sus intereses.

Pensemos en la falta de colaboración entre el presidente y el legislativo en Estados Unidos, así como las trampas con las que se persigue bloquear o sacar adelante la candidatura de los jueces al Tribunal Supremo; por no adentrarnos en el oscuro terreno de las colusiones trumpistas. Pero también en la repetición de las elecciones en Estambul o el arresto de los alcaldes kurdos bajo pretexto de colaboración terrorista; en la frustrada reforma judicial polaca o el control de los medios de comunicación que intenta ejercer el gobierno húngaro. ¿Y qué decir de nuestros vecinos italianos, con su crónica inestabilidad política y un ministro en bañador que pedía plenos poderes a los electores hace un par de semanas? Tampoco España, anomalía catalana al margen, se libra: aunque está lejos del gambito político de Johnson,el uso táctico de los plazos para la investidura y la ausencia de una verdadera negociación entre el candidato Sánchez y sus posibles socios implica también una desviación respecto de la finalidad de la norma constitucional.

Se ha dicho con razón que estamos ante un reforzamiento de los elementos «democráticos» o plebiscitarios de la democracia liberal, que a su vez debilitan sus elementos «liberales» o contramayoritarios; de ahí la exitosa noción de «democracia iliberal». Pero dejando a un lado el debate acerca de si ese concepto no será en realidad contradictorio, ya que como nos ha recordado Manuel Toscano la democracia no sería posible en ausencia de su componente liberal, me interesa en esta ocasión subrayar algo distinto. A saber: que la fuerte presión ejercida hoy contra el procedimentalismo liberal es la mejor demostración de su absoluta necesidad. Si no existieran los procedimientos, las garantías y los contrapesos que distinguen al modo en que el liberalismo político organiza el poder, ¿quién podría salvarnos de quienes dicen querer salvarnos?

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