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Calvo pide que los cambios legales del Pacto contra la Violencia de Género se hagan este año

Redacción TO
Última actualización: 22 Feb 2019, 6:23 pm CEST

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha solicitado al Parlamento que ponga en marcha las modificaciones legales recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género antes de que termine el año, es decir, en cuatro meses. La dirigente ha hecho este llamamiento durante una comparecencia extraordinaria, y a petición propia, en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo para cumplir con ese pacto.

Calvo ha explicado ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos que hay que "dar un tirón importante" a las medidas legislativas: "A finales de año queremos tener todas las modificaciones legales". La vicepresidenta ha incidido en que "hay que poner más recursos y voluntad" en la lucha contra la violencia machista y ha pedido al Congreso y al Senado que "acompañen al Gobierno" y den prioridad al consenso y la lealtad para terminar de poner en marcha el Pacto porque "vamos tarde" y "habrá pocos objetivos que merezcan más la pena que este en una democracia". "Todos somos conscientes de la gravedad del problema, especialmente para poder ampliar las medidas de protección y asistencia de las víctimas" ha añadido.

En una comparecencia extraordinaria para explicar el decreto ley del Gobierno por el que se impulsan varias medidas del Pacto de Estado -entre ellas, la devolución de las competencias a los ayuntamientos y la acreditación de víctimas de violencia machista sin necesidad de que medie denuncia-, Calvo ha concedido que ese acuerdo es sólo el "punto de arranque, no de llegada" en esta lucha. Ha mostrado su disposición de poner en marcha un acuerdo contra el sexismo en el que todos los partidos políticos "vayan juntos". También ha anunciado que el debate para la convalidación del citado decreto tendrá lugar en el Pleno del próximo día 6.

Esta es la propuesta del PSOE propone ante el Acuerdo Social, Político e Institucional contra la Violencia de Género:

Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En los presupuestos Generales del Estado 2016 aumentar la partida destinada a la Delegación del Gobierno para la violencia de género.

Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA.

Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.

Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.

Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.

Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.

Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General no 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.